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La reorganización del sector, reestructuración del sector permite....

 

La transformación del sector eléctrico en la Argentina

 

La luz eléctrica es información pura"dijo Marshall McLuhan hace muchos años.


Entre 1988 y 1989 esa luz desapareció en la Argentina, a través de cortes realizados por lo que se llamaba el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que lo único que no proveía era lo esencial: la luz eléctrica. No hubo una campaña nacional para desacreditar el servicio, ni una campana ideológica promovida por un grupo de intelectuales que intentaban destruir el sistema estatizado de la energía.

La privatización del sistema eléctrico no tuvo resistencia popular porque los argentinos, que vivían el final del siglo XX, decidieron que sus vidas no podían estar regida por la luz solar, como sus antepasados de la prehistoria.
 
Frente a esa realidad, los usuarios intentaron soluciones defensivas pero provisorias, como los autogeneradores, pero ese sistema no podía funcionar como provisión natural de la energía con carácter permanente. La luz eléctrica, esa fenomenal invención que nos permite acceder a la información, había desaparecido. Una de las ironías del proceso democrático restablecido en 1983, fue no advertir que el país que intentaba sacar hacia la luz de la libertad política, viviría a oscuras.

La privatización del servicio fue una decisión del gobierno del presidente Carlos Menem y a los usuarios no les importó cómo y de qué manera se privatizaba. Lo único importante era no vivir dependiente de la luz del sol.

Cuando el tiempo tranquilice las pasiones ideológicas de esa transformación, se verá claramente que el debate actual sobre la desregulación no tiene en cuenta el interés de los usuarios que solo querían luz a nivel residencial, industrial y comercial. El juicio histórico de ese proceso – como tantos otros - carece de sentido mirado desde la óptica del presente.

Desde 1886, cuando se realizan las primeras concesiones, y hasta 1934, se produce la fase expansiva del servicio. Hasta ese momento los argentinos tuvieron luz eléctrica que satisfacía las necesidades de la demanda. Pero en ese momento la expansión empezó a resultar insuficiente por el crecimiento de la población que exigía llegara a las regiones más pobladas.

Desde 1943 y hasta los últimos años de la guerra, el desarrollo del sector se paralizó causado principalmente por la falta de hidrocarburos, como fuente térmica de generación.

Desde 1949 y hasta 1959, el proceso se mueve bajo el marco de la nueva Constitución, cuyo artículo 40 establecía que los servicios públicos debían ser provistos por el gobierno nacional permitiendo la expropiación al valor histórico de las instalaciones. Desde 1960 hasta 1976 el Estado se transforma en actor de la prestación de los servicios públicos e intenta regularizarlos.

Se realizan obras hidráulicas a fin de impulsar la oferta hidrotérmica y SEGBA pasa, también, a manos del Estado. En la década siguiente comienza la asignación de tarifas políticas que no tienen ninguna relación con los costos de generación eléctrica. El Estado intervino por razones políticas e ideológicas, donde el interés del consumidor dejó de tener importancia.

En la actualidad, nuestro país está atravesando un período que se caracteriza por profundas revisiones a las privatizaciones realizadas en la década pasada. Las modificaciones propuestas, tanto desde la administración, proyectadas por el ministro Carlos Bastos, y las impulsadas desde el Poder Legislativo, por el FrePaSo, están dirigidas tanto a la reevaluación de los contratos de concesión, como a los marcos regulatorios. Al centrarnos en el sector eléctrico y al momento de analizar dichas propuestas, no se debe dejar de lado el análisis de dicho mercado.

En 1989 se sanciona la ley 23.696. La norma está dirigida a la transformación de la administración y declara "el estado de emergencia de todos los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias."

El Poder Ejecutivo Nacional es autorizado para intervenir las empresas en crisis, y de esta manera incorpora – por primera vez - conceptos como competencia, reglas de mercado, libre concurrencia de productores y consumidores, eficiencia. El Estado desaparece como generador de políticas de regulación y fiscalización.


La reorganización del sector.


La transformación de la industria – durante la última década - fue una reestructuración tanto horizontal como vertical. La actividad de las empresas privadas, estaría regulada y controlada por las autoridades nacionales. La Secretaría de Energía, hoy dependiente del Ministerio de Infraestructura, es la encargada de elaborar las políticas y las normas de regulación.

En el marco de esta Secretaría funcionan, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, que está encargado de las relaciones con las provincias y la administración de fondos especiales, y por otra parte, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) cuya función es la de aplicar la regulación.

La ley 24.065, sancionada el 19 de diciembre de 1991, establece y define quiénes serán los actores privados que participan en el sector, tanto los históricos como los que se han incorporado en los últimos tiempos. A su vez, pretende otorgar más transparencia, credibilidad y competitividad al mercado eléctrico. En ocasiones en que las actividades de carácter monopólico fueron transferidas desde el Estado a los privados, se trató de aplicar un ejercicio que, no era otra cosa que un proceso de competencia por emulación.

El esquema anterior de integración vertical en manos del Estado, estaba conformado por empresas que desarrollaban todos los segmentos de la industria, generación, transporte, y distribución a los usuarios. El proceso de privatización generó la independencia de estas funciones.

En cuanto a la generación, ésta es una actividad de interés general, afectada al servicio público constituido por el transporte y la distribución. Se introduce la idea de mercado y se prevé su desarrollo por empresas privadas que compitan entre sí. Se resuelve que el transporte y la distribución se prestan en condiciones de mercado monopólico con usuarios cautivos.

Estas dos últimas actividades – dice la ley - serán reguladas promoviendo tarifas justas y razonables. Por otra parte, será necesario fijar metodologías apropiadas al régimen de tarifas. El marco regulatorio se forma en la consideración de esta ley, un símil de la 15.336.


La reestructuración del sector permite separar y especificar las diversas actividades:

generación;

transmisión;

distribución con participación de comercializadores.

A su vez, distingue en el nivel de consumidores a:

Grandes Usuarios que constituyen Agentes del Mercado Eléctrico;


Usuarios Finales.

La norma establece que el Estado Nacional cumple un rol de regulador y no empresario, se crea el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) - el tema del Ente será tratado en la segunda entrega de esta investigación-. En cuanto a los mercados distingue entre mercado a término y mercado spot para la compra-venta de energía. Los distribuidores que comprarán la energía en el mercado lo harán a un precio estabilizado que se actualiza trimestralmente, mientras que los generadores podrán vender energía a un precio spot horario.

Estos se determinan marginalmente con el costo requerido para satisfacer la próxima unidad de demanda. Las tarifas de transporte se elaborarán a partir de cargos fijos de conexión y de capacidad de transporte. Se tendrán en consideración las pérdidas y probabilidad de falla de las líneas. El monto total remuneratorio será fijo. El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) permanece abierto a países vecinos y los contratos serán entre empresas privadas que se ajusten al marco regulatorio.

CAMMESA es una sociedad anónima integrada por todos los Agentes del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM), 80% por partes iguales Generadores, Transportistas Distribuidores y Grandes Usuarios, reservándose el Estado Nacional el 20%. Fue creada por el decreto 1192 de 1992, como estaba previsto por la ley 24.065 del Régimen Legal de la Energía Eléctrica. El objetivo y funciones de la compañía son:

Coordinar las operaciones de despacho


Fijar los precios mayoristas


Administrar las transacciones económicas que se realizan a través del SIN.


Las actividades de esta sociedad son de interés nacional y social, y no pueden ser afectadas por disposiciones provinciales o locales. Además, es responsable del comercio de la energía, tanto en materia de importación o exportación, que incluye los emprendimientos binacionales.

La Ley de Energía Eléctrica (15.336) estableció que las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones o medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación.

Una vez que este marco legal estuvo en marcha se realizaron inversiones que permitieron a la industria salir de su estado de escasez y baja calidad. Se pasó a un servicio más seguro y con tarifas más bajas. Los argentinos volvieron a tener luz eléctrica, antes y después de la caída del sol.

Se produjeron fallas en la conformación del nuevo sistema, pero los cortes de energía son hoy excepcionales en la vida cotidiana de la gente. Tuvieron de nuevo la posibilidad de acceder a la información, que es la clave olvidada de la sociedad democrática y aprovechar las ventajas del conocimiento, por ejemplo a través de Internet, una hipótesis del desarrollo tecnológico que no estaba previsto al comienzo de la década pasada.

 


» http://www.nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/regulaciones/010517.html


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